SANTO DOMINGO. – El consejo de defensa del senador Félix Bautista, Carlos Ozoria y José Elías Hernández García expresaron que “el Ministerio Publico pretende chantajear la justicia, cuando plantea que el sistema judicial del país se pone a prueba con este caso”.
Los abogados Marino Feliz, Pedro Balbuena, Ramón Núñez, Carlos Olivares y Jorge Lora Castillo dijeron, en una declaración escrita remitida a, que las propias autoridades del Ministerio Público están conscientes de que presentaron contra Félix Bautista y los demás coacusados un expediente acusatorio que no está sustentado en pruebas con solidez penal.
“Es cierto, que tal y como dice el Ministerio Publico, se pondrá a prueba el sistema de justicia del país, porque con el procedimiento preparatorio de esta acusación ellos han violado siete veces la Constitución de la República, 9 artículos del Código Procesal Penal, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo V, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en sus artículos 11.1, 11.2 y 11.3, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 12, los artículos 22 y 30.10 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico No. 133-11 y otras normativas que están contenidas en los escritos de defensa del senador Félix Bautista y los demás imputados”, indicaron.
Enumeran “contradicciones”
Expresaron que “luego de dos años de supuesta investigación, el Ministerio Publico presentó un expediente acusatorio inconsistente, que no es más que una recopilación de documentos transcritos literalmente, que en su contenido no prueban ilícitos penales”. Como ejemplo de ello, indicaron que el Ministerio Publico los acusa de desfalco y lavado de activos, pero no demuestran en qué consistió el desfalco y cuál fue el monto del mismo.
Dijo que los funcionarios de esta dependencia “presentan 46 compañías de la supuesta red de Félix Bautista, y en los informes técnicos empresariales preparados por ellos, este último no aparece en 40 de ellas”. Además, presentan movimientos bancarios de contratistas pero no indican de dónde ingresaron los recursos, a quiénes le pagaron y cuáles obras se ejecutaron con esos fondos, agregaron.
Movimientos bancarios “repetidos”
Señalaron que ellos presentan movimientos bancarios de empresas repetidos en múltiples ocasiones, con el único propósito de alterar las sumas, sin indicar el origen del dinero.
“En fin, todo lo que alegan conduce a lo que hemos dicho: una recopilación de documentos”, enfatizaron.
Los abogados garantizaron que el senador Félix Bautista demostrará que los coacusados no son sus testaferros, como pretende afirmar el Ministerio Público. Señalaron que por ello es que Bautista solicitó al juez Dr. Alejandro Moscoso Segarra que permitiera que el juicio en su contra se transmitiera en vivo, para que los televidentes saquen sus propias conclusiones.
Núñez y Lora Castillo, de la barra de la defensa de José Elías Hernández García y Carlos Manuel Ozoria Martínez, desmintieron categóricamente que sus representados hayan manejado los montos que aparecen en un comunicado del Ministerio Público.
“Parece que el Ministerio Publico sufre de alucinación con las cifras, y no entienden los documentos que ellos mismos han aportado. Esas cifras no aparecen en la acusación, y lo demostraremos en el tribunal”, señalaron los juristas.
“Nuevamente se pone en evidencia que no estamos en presencia de un expediente jurídico, sino, frente a un expediente mediático, con el que ahora se pretende intimidar el sistema judicial, a través de los medios de comunicación”, indicaron.
Estado de derecho en RD
El Ministerio Público, a través
de
la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, (PEPCA), reafirmó este domingo que la acusación contra el ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Felix Bautista, es un expediente que pone a prueba “no solo el sistema de justicia sino también el Estado de Derecho de República Dominicana”.
Dijo que “tras un año de intensas labores de investigación, el Ministerio Púbico cuenta con un expediente acusatorio fuerte, bien elaborado y con todos los elementos probatorios que garantizan una apertura a juicio contra quien ha sido el responsable de uno de los casos de corrupción más grandes del país en los últimos tiempos”.